No se puede legalizar por decreto el delito

Asociación “Familia y Vida”

Según reciente información de prensa, el Dr. Leonel Briozzo, Subsecretario de Salud Pública, propondría facilitar el acceso a una droga llamada Misoprostol para que pueda ser utilizada con fines abortivos. El argumento dado es, en síntesis y estando a sus propias expresiones, que porque de hecho se usa como abortivo debe legalizarse por decreto.

Hace ya algunos años que esto forma parte en nuestro país de la estrategia de las “Iniciativas sanitarias contra el aborto procurado en condiciones de riesgo”, promovida por el mismo Dr. Briozzo, aprobada inicialmente por el Ministerio de Salud Pública para el Hospital “Pereira Rossell” y luego sancionada en la ley de “Salud sexual y reproductiva” aprobada en la legislatura anterior.

Dicha estrategia consiste en asesorar a la mujer que manifiesta firme voluntad de abortar sobre el modo de hacerlo supuestamente con menos riesgo, siendo presentado como el menos riesgoso de todos el recurso al Misoprostol.

Este medicamento está autorizado y es indicado por vía oral solo para tratar úlceras estomacales. Pero dejando de lado lo que dice la autorización del Ministerio, la colocación de cuatro comprimidos en la vagina provoca contracciones en el útero y causa un aborto en embarazos tempranos.

Consideramos que esta estrategia contradice frontalmente nuestro sistema jurídico, en el cual el aborto es delito, una de cuyas formas está regulada por el artículo 325 del Código Penal, al disponer que el mismo se configura con la “participación secundaria”, que incluye obviamente el asesoramiento acerca de cómo abortar, lo que en el caso se haría al recomendar Misoprostol.

Lo que se propone ahora, por tanto, implica profundizar más aún la contradicción jurídica que consiste en que la ley permite asesorar sobre cómo cometer lo que, según la misma ley, es delito.

Y, más aún, implica profundizar el desconocimiento del derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción, pilar fundamental de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Estas iniciativas manifiestan además poca solidaridad con la mujer embarazada en situación angustiosa, a la cual no solamente se le propone como alternativa el fracaso radical que es el aborto, sino que además se la envía a que aborte en el baño de su casa como forma de evitar, paradójicamente, las “condiciones de riesgo”.

El uso del “Misoprostol” como abortivo ha sido elegido internacionalmente por los poderes económicos y políticos que buscan despoblar nuestros países como forma de facilitar el aborto allí donde aún no se ha logrado su despenalización, que esos mismos poderes promueven incesantemente.

Está documentado, por ejemplo, el papel de la Fundación Rockefeller, desde su centro de trabajo situado en Bellagio, Italia, en la génesis de la estrategia del aborto con “Misoprostol” en Brasil y en Uruguay.

En momentos en que nuestro gobierno se preocupa con razón del despoblamiento y envejecimiento de nuestra sociedad, de la escasez de niños y de jóvenes, del aumento de la proporción de pasivos respecto de la de activos, del problema del financiamiento de la seguridad social, etc., obedecer de este modo a estos poderes internacionales es aceptar que nos dicten el suicidio nacional.

Un elemental deber de patriotismo, entonces, se suma a la necesidad de mantener la coherencia de nuestro sistema jurídico y de hacer que nuestras leyes sean respetuosas de los derechos humanos en temas vitales como el derecho a la vida, para fundamentar el rechazo a estas iniciativas y promover la pronta derogación de esa ley injusta que empaña nuestro orden legal.